Recientemente y casi de manera simultánea han salido a la luz 2 noticias que supondrán un fuerte impulso para el Vehículo Eléctrico en nuestro país. Por un lado, el gobierno ha anunciado la reforma del nuevo CTE, que entrará en vigor a lo largo del 2021. En esta modificación se va a incluir un nuevo documento HE-6 que definirá dónde va a ser preciso implantar instalaciones de canalizaciones e infraestructuras de recarga de V.E. en los entornos de edificios existentes.

Por otro lado, el gobierno ha anunciado que durante los próximos 4 años se van a instalar por todo el territorio 100.000 puntos de recarga de acceso público, gracias a la partida del fondo europeo Next Generation. Estas dos nuevas iniciativas van a suponer un gran impulso para la movilidad sostenible y el V.E.

Reforma del Nuevo CTE para acercarnos a Europa

La reforma del nuevo CTE que integra el vehículo eléctrico se considera una gran oportunidad para ponerse al nivel de otros países europeos, que ya obligan desde hace unos años a implantar puntos de recarga en edificios existentes ante determinadas reformas significativas y en un porcentaje de plazas de garaje más elevado (10%) del que se pretenden aprobar con esta reforma (2,5%).

El nuevo CTE concreta que, antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con un aparcamiento con más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa al número mínimo de estaciones de recarga establecida por el Código Técnico de la Edificación.

Este hecho tendrá un impacto económico muy positivo para el segmento de proyectos de instalación eléctrica y para todo el entorno de fabricantes de canalizaciones, de infraestructuras de recarga y de soluciones de explotación de estas infraestructuras. Se prevé un efecto multiplicador considerable a la demanda de estas soluciones para nichos de mercado muy diversos: hoteles, oficinas, empresas, universidades, edificios de administraciones públicas o comunidades de propietarios con parkings adscritos a conjuntos inmobiliarios diversos. El nuevo CTE tendrá un impacto muy superior a la que supuso la implantación de la ITC-BT 52 en el año 2015.

100.000 puntos de recarga para impulsar el V.E.

Analizando la información sobre las previsiones de implantación de infraestructuras de recarga anunciadas por el gobierno para los próximos años, vemos que resulta factible desde un punto de vista industrial, ya que Catalunya y España destacan por albergar algunos de los fabricantes de infraestructuras de recarga más importantes a nivel internacional, siendo una potencia exportadora de reconocido prestigio en la materia.

¿Entonces, por qué no somos uno de los países más punteros de Europa en este aspecto? Pues el problema está principalmente localizado en las trabas administrativas que encuentran los operadores de recarga para llevar a cabo la instalación y operación de estas infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.

Esta serie de afectaciones resulta una de las barreras más importantes que justifican en parte porque España sigue siendo a día de hoy uno de los países que está en la parte de atrás en cuanto al ratio de implantación de puntos de recarga en autopistas y autovías por cada 100 km.

Tanto las peticiones dirigidas a Ayuntamientos como a otros organismos como la Dirección General de carreteras, mantienen una serie de problemáticas asociadas a no tener normativas ni criterios homogéneos y claros para la autorización de puntos de recarga y el notable plazo que se tarda en responder (hasta un máximo de 6 meses) y que en algunas ocasiones no obtener respuesta implica una connotación de respuesta negativa.

En muchas ocasiones hay técnicos municipales que se ven ahora mismo sobrepasados ante esta serie de peticiones por falta de conocimiento técnico, lo que también influye en tardar meses sin contestar, aunque estas situaciones se entienden más coyunturales y en algunos casos se solucionan con solicitudes simples acompañadas de descripciones detalladas y en otros casos requieren de licitaciones públicos de concesión cuyos trámites se dilatan en el tiempo.

Iniciativas como la validación de una declaración responsable, tanto para los promotores como para las distribuidoras eléctricas, que ejercen de operadores, para tratar de simplificar los trámites administrativos. También se está explorando la puesta en marcha de una ventanilla única para las administraciones, con el fin de resolver las dudas sobre permisos, ayudas y trámites.

Otras iniciativas como facilitar líneas de créditos flexibles para la electrificación de flotas de empresa y de la implantación de su infraestructura de recarga de V.E. asociada, también resultarán fundamentales para este impulso en un contexto en que la economía está bastante tocada, donde particularmente el sector del automóvil ha sufrido las graves consecuencias de la pandemia.

Tanto la reforma del nuevo CTE que integra el vehículo eléctrico como la instalación de 100.000 puntos de recarga, supondrán un impulso mayúsculo para tener un futuro más sostenible y verde. Sin embargo, es necesario que se faciliten las gestiones administrativas y se ofrezcan facilidades económicas para llevarlo a cabo, esperemos que así sea y que el uso y la compra del vehículo eléctrico aumenten durante los próximos años gracias a estas nuevas medidas.

Más información en www.simonelectric.com